REPARACIÓN HISTÓRICA

Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-68697317-APN-DGD#MT, la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorios), la Ley Nº 27.656 y los Decretos Nros. 1259 del 16 de diciembre de 2003 y sus modificatorios y 1199 del 19 de julio de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.656 se dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y las trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado que revistaban, al momento de su desaparición, como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados o desvinculadas por cualquier otra causa.

Que los alcances de la citada Ley Nº 27.656 guardan relación con el “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad”, establecidos en el “Informe Final acerca de la Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos Humanos”, elaborado y revisado por el entonces RELATOR ESPECIAL de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Louis JOINET, en el marco del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, E/CN.4/Sub.2/1996/18, 20 de junio de 1996.

Que las recomendaciones efectuadas en dicho informe se orientan a adoptar medidas a modo de reparación moral, esclarecimiento de la verdad, recordar lo ocurrido y para conocer la verdad, con el fin de no repetir tales hechos violatorios de los derechos humanos.

Que ello representó una iniciativa a nivel mundial, en vista de una política reparatoria, de impacto cultural, en el camino de fortalecer la “Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Que por el Decreto Nº 1259/03 se creó el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA como organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del ex-MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, y se establecieron sus objetivos y las atribuciones de su Presidente o Presidenta.

Que en el artículo 6º de la norma precedentemente citada se estipuló que los organismos integrantes de la administración centralizada y descentralizada del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad deberán enviar a la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, con destino al ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, de oficio y en forma global, las informaciones, testimonios y documentos relacionados con la materia de ese decreto conforme a las normas legales en vigencia.

Que, por su parte, por el artículo 1° del Decreto Nº 1199/12 se dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de las personas físicas individualizadas en su Anexo, las cuales revistaban como personal dependiente de la Administración Pública Nacional, aun cuando las mismas figuraran dadas de baja.

Que por el artículo 4º del precitado decreto se aprobó lo actuado por la COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD en todo el ámbito de la Administración Pública Nacional, y quedó a su cargo el relevamiento del personal de la Administración Pública Nacional que resultó víctima de desaparición forzada, como asimismo toda otra actividad tendiente a la identificación, preservación y clasificación de informaciones, testimonios y documentos referidos al accionar del terrorismo de Estado.

Que es responsabilidad del ESTADO NACIONAL generar medidas reparatorias para asegurar el ejercicio colectivo de la Memoria ante las actuales y futuras generaciones, mediante la adecuada documentación y testimonio de las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y consecuencias.

Que el relevamiento orientado a la búsqueda y recuperación de documentos dispersos en diversas esferas del sector privado deviene relevante para esclarecer el funcionamiento de la represión ilegal y descubrir los mecanismos utilizados por el terrorismo de Estado que tuvo lugar en nuestro país.

Que las previsiones de la Ley Nº 27.656 configuran, institucionalmente, una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad democrática.

Que la presente Reglamentación es parte de las medidas de reparación moral y colectiva emprendidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para dar cumplimiento al deber de recordar y al derecho de toda sociedad de conocer la verdad en el marco de las políticas de “Memoria, Verdad y Justicia”.

Que el inciso 3 del artículo 23 septies de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorios) establece, entre las funciones específicas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la de entender en la promoción y regulación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y las empleadoras.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 27.656, que como ANEXO (IF-2022-121873576-APN-ST#MT) forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.656 y quedará facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que fueren necesarias para la efectiva aplicación de la presente Reglamentación.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Raquel Cecilia Kismer

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 24/11/2022 N° 96136/22 v. 24/11/2022